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En el siguiente enlace puedes consultar el documento completo: LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN MÉXICO. PERSPECTIVAS PARA UN MANEJO ADECUADO  Ania Mendoza Cantú Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático, México Irina Ana Rosa Ize Lema irinaizelema@gmail.com Consultora Independiente, México LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN MÉXICO. PERSPECTIVAS PARA UN MANEJO ADECUADO Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 33, núm. 4, pp. 719-745, 2017 Universidad Nacional Autónoma de México Recepción: 01 Enero 2017 Aprobación: 01 Agosto 2017 DOI: https://doi.org/10.20937/RICA.2017.33.04.15 Resumen: En la actualidad existe en México, así como en otros países, una percepción errónea de inocuidad de las sustancias químicas debida en parte a la presencia generalizada de éstas en la vida diaria. Sin embargo, los problemas de salud y los daños al ambiente derivados de su mal manejo son reales, graves y están afectando a las poblaciones en el presente y podrían afectar a las generaciones futuras. Asimismo, están contribuyendo de manera significativa a la degradación del ambiente con los consecuentes impactos sobre la biodiversidad, los ecosistemas, la calidad del agua, el aire, el suelo y las fuentes de alimentación. El propósito de esta revisión es
presentar el estado actual de la información y de los instrumentos de
regulación existentes para las sustancias químicas en México. En primer
término se aborda la relevancia de aplicar el concepto de ciclo de vida y se
proporciona un panorama actual de las fuentes de información e instrumentos
regulatorios para cada etapa de este ciclo. En segundo término se mencionan
enfoques, perspectivas y recomendaciones que pudieran resultar en un manejo
más adecuado de las sustancias químicas en México. Palabras clave:productos químicos, gestión, ciclo de vida. Abstract:In Mexico, like in other countries, a wrong perception of harmlessness
currently exists for chemical substances, due in part to their generalized
presence in everyday life. However, health problems and environmental harm
due to their unsound management are real, serious and are affecting the
present population and could affect as well future generations. Chemical
substances contribute significantly to environmental degradation with the
consequent impacts on biodiversity, ecosystems, water quality, air, land and
food supply. The purpose of this review is to present the current state of
information and legal tools for chemical substances management in Mexico. In
first place the relevance to apply the life-cycle concept is addressed and
information sources and regulatory instruments for each step of the cycle are
cited. As a second step, perspectives, approaches and recommendations that
could help in a more rational management of chemical substances in Mexico are
provided. Keywords:chemical substances, sound management, life-cycle. INTRODUCCIÓN Las sustancias químicas forman parte integral de
la vida y de todo lo que la rodea. Es indudable que su uso conlleva
beneficios y que se emplean en prácticamente todos los ámbitos de la
actividad humana, incluyendo los procesos industriales. Sin embargo, bajo
ciertas condiciones de exposición y de manejo inadecuado, estas sustancias
pueden representar riesgos importantes para el ambiente y para la salud
humana. Además, su presencia ubicua en la vida diaria puede llevar a una
percepción errónea de inocuidad (PNUMA 2012). La industria química influye de manera
significativa en diferentes sectores económicos. Por ejemplo, la industria
derivada del petróleo y del gas natural produce gran cantidad de sustancias
que se utilizan en la elaboración de plásticos, detergentes, fibras
sintéticas y medicamentos. Estos productos de la vida cotidiana mejoran sin
duda el confort y la situación higiénica y médica de las poblaciones en el
mundo entero. La química inorgánica es la base de grandes sectores técnicos
de creciente importancia como la metalurgia y la industria de los
semiconductores utilizados en equipos electrónicos. Otro ejemplo es el
segmento agroquímico, cuya actividad se ha incrementado en las últimas
décadas debido a una población mundial en crecimiento y al requerimiento cada
vez mayor de fertilizantes y plaguicidas para la producción intensiva de
alimentos (PNUMA 2012). Como respuesta a esta creciente demanda de
sustancias, la industria química mundial ha prosperado de manera
espectacular, pasando de una producción global calculada en 171 000 millones
de dólares en 1970 a un estimado de 4.2 billones de dólares en el año 2010 (PNUMA 2012).
El Servicio de Resúmenes Químicos (CAS, por sus siglas en inglés), la
autoridad mundial en identificación de sustancias químicas, ha recopilado,
organizado y publicado los datos de más de 101 millones de sustancias y cada
minuto agrega nuevos registros (CAS 2015).
Muchas de estas sustancias son productos de investigación que nunca llegan a
ser utilizados o sintetizados de manera industrial y únicamente una fracción
de unas 312 000 sustancias, es decir menos del 0.35 %, están sujetas a algún
tipo de regulación internacional, nacional o local. Las sustancias químicas pueden encontrarse en los
compartimentos ambientales aire, agua y suelo de manera natural (por ejemplo,
arsénico en el agua) o porque son emitidas por actividades industriales de
extracción y explotación (como es el caso del mercurio en actividades
mineras). En general, cada sector industrial se asocia a un grupo específico
de contaminantes químicos y de residuos tóxicos. Por ejemplo, los metales se
vinculan con la producción de cemento, la minería y la combustión de carbón,
las dioxinas y los retardantes de flama con procesos de producción y
reciclaje de productos electrónicos y los colorantes mutagénicos con la
industria textil (PNUMA 2012).
La liberación de sustancias químicas tóxicas puede ocurrir por fugas y
derrames accidentales o descargas directas a ríos, lagos o mares. La
disposición inadecuada de residuos, cuyos lixiviados contaminan suelos y
acuíferos, es una fuente importante de contaminantes. La presencia de
sustancias tóxicas en los compartimentos ambientales también puede ser
causada por una actividad intencional como es la aplicación de plaguicidas y
fertilizantes que posteriormente se dispersan en agua, suelo y aire (PNUMA 2012). El riesgo tóxico se define como la probabilidad
de que se presenten efectos nocivos en el ambiente o en la salud de los
humanos al entrar en contacto (exposición) con sustancias químicas que tienen
propiedades tóxicas (peligro) (Ize et al.
2010). El ser humano se expone a las sustancias químicas presentes
en el ambiente a través del aire y el polvo que respira, del agua de consumo
y de la ingesta de alimentos contaminados con agroquímicos u otras sustancias
que se han depositado desde la atmósfera o están presentes en el agua de
riego. La exposición también puede ocurrir con el uso de productos que
contienen sustancias químicas como cosméticos, productos de aseo o de higiene
personal y aditivos en alimentos, entre otros. Dependiendo de su magnitud,
frecuencia y duración, la exposición a sustancias químicas puede producir
efectos negativos muy diversos como trastornos respiratorios y daños en
cerebro, pulmones e hígado. También pueden ocurrir daños en los sistemas
cardiovascular, inmunológico y hormonal, así como efectos reproductivos y
teratogénicos, mutaciones y cáncer. La exposición a sustancias tóxicas es
especialmente preocupante en los niños debido a que se encuentran en pleno
desarrollo y son, por lo tanto, particularmente vulnerables. En mujeres
embarazadas la exposición a sustancias químicas puede causar afectaciones al
feto. La exposición laboral de trabajadores que se dedican a actividades en
las que están en contacto con grandes cantidades de sustancias tóxicas por
largos periodos de tiempo también es preocupante (Ize et al.
2010). En 2004, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estimó que el 8.3 % (4.9 millones) de todas la muertes a nivel global
fueron causadas por exposición al humo de la quema de combustibles sólidos en
interiores, a contaminantes del aire, al humo de cigarro y a exposiciones
ocupacionales e intoxicaciones agudas por sustancias específicas como los
plaguicidas (WHO 2008). La falta de conocimiento sobre la mayor parte de
las sustancias químicas que se encuentran hoy en día en el mercado pone en
duda el grado de protección que realmente se ha alcanzado para la población
humana y para el ambiente. Existe información muy limitada sobre los
volúmenes liberados al ambiente, exposiciones preocupantes y propiedades
tóxicas de un número realmente pequeño de los millones de sustancias químicas
utilizadas y vendidas en la actualidad. Esto permite concluir que muchas
sustancias potencialmente peligrosas no están siendo evaluadas ni manejadas
adecuadamente debido a que la información necesaria para determinar si representan
un potencial riesgo tóxico aún no existe o no está disponible (OECD 2001). Desde hace varias décadas se han desarrollado una
serie de iniciativas internacionales que comenzaron en 1992 con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en
Rio de Janeiro, Brasil, donde se adoptó el capítulo 19 de la Agenda 21 sobre
el manejo ambientalmente adecuado de los productos químicos. De esta
iniciativa global derivó la creación del Foro Intergubernamental sobre
Seguridad Química (IFCS, por sus siglas en inglés) que permitió integrar y
consolidar esfuerzos nacionales e internacionales para el manejo seguro de
las sustancias químicas (Gärtner et al.
2003). Organismos intergubernamentales como el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la OMS, formaron el
Programa Inter organizacional para el Manejo Adecuado de las Sustancias
Químicas (IOMC, por sus siglas en inglés) (Tickner et al.
2006). A partir de este programa se creó el llamado Enfoque
Estratégico para el Manejo Adecuado de los Productos Químicos a Nivel
Internacional (SAICM, por sus siglas en inglés), un marco de políticas para
promover el manejo adecuado y la seguridad química. Su objetivo es lograr que
para el año 2020 las sustancias sean producidas y utilizadas de forma tal que
se minimicen sus impactos nocivos (UNEP 2007). De estas iniciativas también se han derivado
otros esfuerzos internacionales significativos que incluyen: el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento
de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y
Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional el Protocolo de Montreal Relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El Convenio de Estocolmo es un tratado
internacional que entró en vigor en mayo de 2004 y que tiene por objeto
proteger la salud humana y el ambiente de sustancias químicas tóxicas,
persistentes y bioacumulables. Se busca la restricción o la eliminación de la
producción, el uso, el comercio y la liberación de las siguientes sustancias:
aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mírex,
toxafeno, bifenilos policlorados (BPC), dicloro difenil tricloroetano (DDT),
dioxinas y furanos. A estas 12 sustancias iniciales se han agregado nueve más
(alfa-hexaclorociclohexano, beta-hexaclorociclohexano, clordecona,
octabromodifenilo, pentabromodifenilo, hexabromodifenilo, lindano,
pentaclorobenceno, sulfonato de perfluorooctano (PFOS) y sus sales) por
enmienda del convenio en agosto de 2009 (PNUMA 2009).
Así como el endosulfán, hexabromociclododecano (HBCD), naftalenos
policlorados y pentaclorofenol fueron agregados por enmienda en 2011 (UNEP 2011).
Todas estas sustancias son altamente tóxicas, no se degradan o se degradan
muy difícilmente en el ambiente y se desplazan grandes distancias por medio
del agua o del aire y se acumulan en los tejidos grasos de los seres vivos. En 2004 entró en vigor el Convenio de Rotterdam,
un tratado internacional que promueve la responsabilidad compartida entre
países exportadores e importadores de sustancias químicas a través de un
procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP). La lista de
productos químicos sujetos al CFP incluye plaguicidas y formulaciones de
plaguicidas extremadamente peligrosas, así como productos químicos
industriales (PNUMA/FAO 2015). El Protocolo de Montreal fue creado para reducir
la producción y el uso de sustancias químicas agotadoras de la capa de ozono
que recubre al planeta y que lo protege de la radiación solar. Este protocolo
ha sido enmendado en numerosas ocasiones desde su creación en 1989 para
facilitar el control de nuevas sustancias químicas y la búsqueda de
mecanismos financieros para su aplicación (PNUMA 2000). El objetivo del Convenio de Minamata es proteger
la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones antrópicas de
mercurio y sus compuestos. El texto fue adoptado en Minamata, Japón en
octubre de 2013. El mercurio es considerado por la OMS como una de las diez
sustancias químicas de mayor preocupación para la salud pública en el mundo (WHO 2013). Por el momento, el esfuerzo legislativo más
significativo y ambicioso del mundo para recopilar información y reglamentar
el manejo de las sustancias químicas es el Registro, Evaluación, Autorización
y Restricción de Sustancias Químicas (REACH, por sus siglas en inglés),
establecido por la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA, por sus
siglas en inglés). Esta iniciativa ha logrado que la industria química sea la
responsable de poner a disposición de los gobiernos europeos una gran
cantidad de información previamente desconocida sobre sustancias químicas
utilizadas en esa región. El REACH busca que sustancias de “muy alta
preocupación” como las cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la
reproducción, las de difícil degradación (persistentes) y que se bioacumulan
en los organismos, así como los llamados disruptores endócrinos, sean
reemplazadas por sustancias menos peligrosas. El REACH busca elevar el manejo
de las sustancias químicas a un nivel que asegure la mejor protección posible
para la salud humana y el ambiente bajo el principio de que “sin registro no
hay comercio” (ECHA 2009). Estos instrumentos y esfuerzos internacionales,
si bien no son despreciables, ponen en evidencia la dificultad para controlar
grupos de sustancias de comprobada peligrosidad que han sido utilizadas por
muchos años antes de ser objeto de intervención. El resultado ha sido con
frecuencia que la gran mayoría de las sustancias químicas se comercializan y
están ampliamente presentes en el mercado mucho antes de que esté disponible
la información sobre posibles riesgos a la salud humana y al ambiente. Un
ejemplo actual es el de los nanomateriales que se están incorporando de
manera muy activa en diferentes sectores industriales e incluso en medicina (Kessler 2011)
y para los que se empiezan a acumular evidencias científicas sobre posibles
riesgos no aceptables (Schug et al.
2013, Wick et al.
2010). Estos materiales poseen características que los hacen
novedosos: una reactividad química elevada, propiedades químicas, físicas y
probablemente toxicológicas, diferentes a los mismos materiales a escala
convencional y la posibilidad de trabajar a escalas diminutas, útiles para el
desarrollo de las tecnologías de la información actuales (Foladori et
al. 2013). DIMENSIÓN DEL PROBLEMA EN MÉXICO El manejo adecuado de las sustancias químicas es
un tema de por sí complejo a escala global. Además, cada país se enfrenta a
desafíos particulares relacionados con su nivel de desarrollo, la dificultad
de diseñar y aplicar normas en un tema complicado así como la falta de
información y de capacitación de la población sobre la peligrosidad de estas
sustancias. Otros factores que también entran en juego son las condiciones
ambientales y climatológicas particulares de cada país y la presencia de
ecosistemas y poblaciones especialmente vulnerables. En el caso de México,
estos ecosistemas son, por ejemplo, los arrecifes coralinos, los manglares
costeros y las ciénegas de ambientes desérticos. Entre las poblaciones
especialmente vulnerables se encuentran las comunidades indígenas, los
recicladores de basura electrónica, los pepenadores y las comunidades de
producción artesanal de ladrillo, entre otras. En los últimos treinta años se ha consolidado en
México una agenda ambiental bastante significativa en el gobierno federal y
en varios gobiernos estatales y municipales. Durante este periodo se
consiguieron avances en la protección de la biodiversidad, el cambio
climático y la transición a una economía más verde (OECD 2013).
Sin embargo, el tema del manejo adecuado de las sustancias químicas ha
avanzado de manera mucho menos contundente. Esta situación podría explicarse
por varias razones, entre ellas: la complejidad del ciclo de vida de las
sustancias químicas, la participación de múltiples dependencias de los tres
órdenes de gobierno en su regulación, la cotidianidad de su uso y la
dificultad de asociar la exposición con enfermedades o daños a largo plazo. El
resultado es una percepción distorsionada que subestima los riesgos y un
creciente número de poblaciones humanas y ecosistemas con exposiciones no
admisibles. A pesar de que México es signatario de todos los
convenios y protocolos sobre sustancias químicas anteriormente mencionados y
de que se desarrollan numerosas actividades para su cumplimiento y
aplicación, existe un rezago en la agenda política nacional y una falta de
concientización de la sociedad sobre la problemática en salud pública (SEMARNAT 2013). El propósito de este artículo de revisión es
presentar el estado actual de la información y de los instrumentos de
regulación existentes para las sustancias químicas en México. Se plantea la
necesidad de aplicar el concepto de ciclo de vida y se proporciona un
panorama actual de las fuentes de información e instrumentos regulatorios
para cada etapa de este ciclo, mencionando fortalezas, lagunas y carencias
identificadas. Se proponen después enfoques, perspectivas y recomendaciones
que, de adoptarse, pueden resultar en un manejo más adecuado de las
sustancias químicas en el país. Importancia
del concepto de ciclo de vida para el manejo adecuado de las sustancias
químicas En países en desarrollo como México, los
problemas ambientales causados por las sustancias químicas tienden a
abordarse de manera reactiva; es decir, cuando ya existe un problema de
contaminación o una emergencia ambiental, enfocando los esfuerzos al
tratamiento de los efectos tóxicos o a la remediación de los sitios
contaminados. A pesar de que este enfoque no debe abandonarse, es de suma
importancia reorientarlo hacia una perspectiva basada en el concepto de ciclo
de vida de las sustancias: desde su manufactura o importación al país,
almacenamiento, transporte y uso hasta su disposición final (Ometto et al.
2006). En la figura 1 se
muestran las diferentes etapas del ciclo de vida para las que se analizarán
las fuentes de información disponibles en México y los instrumentos
regulatorios existentes y necesarios. Es importante mencionar que en el país
son limitadas las fuentes de información oficiales que reportan datos sobre
sustancias químicas con base en su identidad química exacta (identificadas de
manera inequívoca con el número CAS, otorgado a cada sustancia por el
Chemical Abstracts Service, de la American Chemical Society de los Estados
Unidos). Esta es una condición necesaria para evitar confusiones u omisiones en
su gestión. Las únicas excepciones son los registros de plaguicidas y de
medicamentos para los que las autoridades de salud solicitan se demuestre la
identidad inequívoca de la sustancia.  Fig. 1 Ciclo de vida de las sustancias químicas En la siguiente sección se presenta una
descripción, lo más completa posible, de la situación actual (año 2015) del
manejo de las sustancias químicas en México. Se destaca la dimensión del
problema tomando como punto de partida a las sustancias prohibidas, cuya
existencia no está permitida legalmente en ninguna de las etapas del ciclo de
vida, para posteriormente examinar la información para el resto de las
sustancias. Panorama
general del manejo de las sustancias químicas en México En el mercado mexicano se comercializa una gran
diversidad de sustancias, ya sea en forma aislada o contenida en productos.
Una búsqueda rápida de la oferta nacional de productos químicos arroja tanto
sustancias conocidas y peligrosas, como los explosivos y los precursores de
armas químicas regulados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
así como sustancias prácticamente desconocidas como los nanomateriales antes
mencionados. Debido a las complicaciones económicas y técnicas
para evaluar estas sustancias nuevas y poco conocidas, los países más
avanzados han establecido el principio precautorio como eje de su regulación.
Esto significa que la falta de información completa y la incertidumbre en las
evidencias científicas sobre peligrosidad y efectos no ha sido un impedimento
para adoptar decisiones enfocadas a mitigar o eliminar los riesgos asociados
(ECHA 2009).
No obstante en el marco legal mexicano este principio aún no ha sido adoptado
de forma cabal. En México, el número de sustancias reguladas con
respecto al universo total en el comercio no es muy diferente al descrito
anteriormente para el resto del mundo. Según el Inventario Nacional de
Sustancias Químicas (INSQ), en 2009 fue posible identificar un total de 5852
sustancias químicas en comercio, de acuerdo con las fuentes de información
existentes como la Cédula de Operación Anual (COA)1,
las bases de datos de aduanas y las auditorías ambientales de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (INE 2012).
El número de sustancias reguladas a nivel nacional es solamente de 2 199 de
acuerdo a un análisis realizado en 2007 a partir de las listas de sustancias
de 16 ordenamientos jurídicos (INE 2012).
En la actualización de 2013 de este inventario, se contabilizaron 9 849
sustancias químicas comercializadas en México (INECC 2014a). Prohibición de
ciertas sustancias Entre las sustancias químicas que han sido
prohibidas en México, sólo hay 21 plaguicidas que dejaron formalmente de
importarse o producirse a partir de 1991 (SARH-CICOPLAFEST
1991), y los estupefacientes y las “sustancias psicotrópicas de
valor terapéutico escaso o nulo” mencionados en los artículos 237 y 248 de la
Ley General de Salud (DOF 2017).
Los tratados internacionales firmados y ratificados por México tienen el
carácter de leyes, por lo tanto, a esta lista hay que agregar las sustancias
incluidas en los convenios internacionales de los que México es miembro. En
el cuadro I se
proporciona una lista de las sustancias que deben prohibirse. Entre estas
sustancias se encuentran algunas que han estado sujetas a políticas públicas
y medidas de eliminación efectivas para reducir gradualmente el uso y
aplicación en el país. Un ejemplo es el bromuro de metilo, una sustancia
agotadora de la capa de ozono, que dejó de aplicarse en México a partir del 1
de enero de 2014 (SEMARNAT 2015a).
Pero también existen ejemplos de sustancias para las cuales aún no se inicia
el proceso de eliminación porque no se ha realizado un diagnóstico de la
situación en el país que permita definir las medidas adecuadas para la
desaparición gradual del mercado. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos
contaminantes orgánicos persistentes (COP) como el pentaclorobenceno o varios
de los retardantes de flama bromados. CUADRO I ESTATUS DE LAS SUSTANCIAS SUJETAS A
PROHIBICIÓN EN MÉXICO COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE CONVENIOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  CUADRO I *Las celdas marcadas con guiones corresponden a grupos de sustancias que no tienen un número del Servicio de Resúmenes Químicos (CAS, por sus siglas en inglés) genérico (como grupo) **Bajo el Convenio de Minamata lo establecido es
la prohibición de la minería primaria de mercurio (con fecha límite de 15
años después de la entrada en vigor del convenio; artículo 3, párrafos 3 y
4), de la producción, la importación y la exportación de varios productos con
mercurio añadido para el 2020 (anexo A, parte I) y el uso de catalizadores
con mercurio para 2025 y 2015 en la producción de clorálcali y acetaldehído,
respectivamente (anexo B, parte I) El rezago que existe en México en la prohibición
de sustancias altamente tóxicas resulta importante, en particular en el caso
de los plaguicidas, ya que se siguen usando muchos ingredientes activos que
desde hace tiempo, incluso varias décadas, dejaron de aplicarse en países
desarrollados. En el cuadro II se
mencionan los plaguicidas que han sido prohibidos en EUA y en la Unión
Europea pero que se usan en México. Para las sustancias de uso industrial el
rezago también es relevante si se comparan las sustancias usadas sin ningún
control especial en México con las que se encuentran en las listas de
sustancias restringidas o prioritarias en Europa o Canadá. Así por ejemplo,
de las 57 sustancias prioritarias en Canadá y de las 172 sustancias de alta
preocupación en el REACH, 44 y 108, respectivamente, se encuentran en
comercio irrestricto en México (INECC 2014a). CUADRO II PLAGUICIDAS PROHIBIDOS EN LA UNIÓN
EUROPEA (UE) Y EN ESTADOS UNIDOS (EUA) QUE CUENTAN CON AL MENOS UN REGISTRO†
EN MÉXICO  CUADRO II *Información obtenida de la base de datos de autorizaciones sanitarias de plaguicidas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPEFRIS) **El nonilfenol etoxilado no es un plaguicida,
sino un aditivo utilizado para la formulación de plaguicidas. Corresponde al
nombre genérico de un grupo de sustancias, por ello no se indica su número
del Servicio de Resúmenes Químicos (CAS, por sus siglas en inglés) †El registro es otorgado por la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a las empresas que
buscan importar o formular el plaguicida para su venta en el mercado
nacional. Un número elevado de registros indica que diferentes formulaciones
son comercializadas por una misma empresa (se requiere un registro por
formulación) o varias empresas comercializan un mismo ingrediente activo Regulación de
la importación y producción En México, la regulación de la importación y la
producción de las sustancias químicas se limita a ciertos grupos a través de
permisos o registros. Para las sustancias sujetas a control sanitario se debe
obtener una autorización de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Éstas son medicamentos, estupefacientes,
psicotrópicos, agentes de diagnóstico, insumos odontológicos y productos
higiénicos, es decir, sustancias de contacto primario o exposición directa,
así como plaguicidas y nutrientes vegetales. Para el registro de medicamentos (incluidos
vacunas, sueros, antibióticos, hormonas, remedios herbolarios y suplementos
alimenticios) se debe entregar información que demuestre la calidad de las
materias primas y de las prácticas de fabricación, identidad química, pureza,
esterilidad, inocuidad, eficacia, potencia, seguridad y estabilidad. Para los
medicamentos convencionales una parte importante de esta información
corresponde a la evaluación preclínica y clínica, la eficacia terapéutica con
pruebas de laboratorio en modelos animales y en poblaciones humanas, posibles
efectos secundarios y estudios de farmacovigilancia (COFEPRIS 2014). Para plaguicidas y nutrientes vegetales se deben
entregar estudios que demuestren la composición e identidad del producto, sus
propiedades físicas y químicas, los métodos analíticos para cuantificarlo, su
destino ambiental y sus efectos toxicológicos y ecotoxicológicos. Con esta
información, COFEPRIS determina si otorga o no el registro. Sin embargo, aun
cuando la autoridad reciba todo este bagaje de información, la decisión de
otorgar o no un registro se basa únicamente en verificar que el expediente
esté completo y no considera, como en otros países, una evaluación de riesgos
con las condiciones ambientales y de uso prevalecientes en México (COFEPRIS 2014). Para los permisos de importación existe el
Acuerdo sobre Sustancias de la Comisión Intersecretarial para el Control del
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas
(CICOPLAFEST) (SEMARNAT-SE-SAGARPA-SSA
2016). Dicho acuerdo tiene como objetivo establecer las
regulaciones no arancelarias a las que se sujetará la introducción al
territorio nacional, o la salida de éste, de plaguicidas, fertilizantes y
sustancias tóxicas (materiales peligrosos). Actualmente este acuerdo
comprende 489 fracciones arancelarias específicas o genéricas, cada una de
las cuales corresponde a uno o más números CAS. Si se desea importar o
exportar alguna de estas sustancias es necesario tramitar una autorización
ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la
COFEPRIS, bajo las disposiciones del Reglamento PLAFEST2 (DOF 2014a).
Sin embargo, esta autorización no implica que exista algún límite o cuota
para la importación o exportación, excepto para aquellas sustancias incluidas
en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo
de Montreal. La COFEPRIS también vigila que las fábricas de
medicamentos y productos biológicos, las materias primas, los laboratorios de
control químico, biológico, farmacéutico y toxicológico de medicamentos para
humanos y los establecimientos involucrados en el proceso3 de
medicamentos veterinarios cuenten con una licencia sanitaria obligatoria. Otro grupo importante de sustancias sujetas a
control desde las etapas iniciales del ciclo de vida son los explosivos y los
precursores de armas químicas. Como ya se mencionó, la SEDENA es la
responsable del control de este grupo, como lo establece la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) (DOF 2015a)
y su reglamento (DOF 1972).
Para la fabricación de estas sustancias, el interesado debe solicitar a la
SEDENA un permiso con la identidad química de las materias primas y las especificaciones
de los productos y las cantidades. Para comprobar que la mercancía importada
corresponde a la anotada en los permisos, cada embarque de estos materiales
debe ser revisado por personal de la SEDENA antes de que entre al país. Regulación del
transporte, distribución y almacenamiento Para las etapas de transporte, distribución y
almacenamiento durante ciclo de vida de las sustancias, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) ha establecido una regulación en el
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (DOF 2012).
Existen además unas veinte normas oficiales mexicanas (NOM) que especifican
lineamientos para el transporte (terrestre, aéreo y marítimo) de sustancias,
materiales y residuos peligrosos. Toda persona o empresa que realice
servicios de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos debe
obtener un permiso de la SCT. El tránsito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
está prohibido por la Ley General de Salud (DOF 2017). A pesar de estos instrumentos normativos, no se
tiene en México un sistema de información que registre la distribución y
presencia de sustancias químicas por región. Sin embargo es posible tener una
idea de cuáles son las sustancias más transportadas consultando las
estadísticas de emergencias ambientales registradas por la PROFEPA (CENAPRED 2014).
De 2010 a 2014 se presentaron un total de 2835 emergencias químicas, con un
aumento considerable entre 2013 y 2014, pasando de 604 a 846 (Fig. 2).
Entre las diez sustancias involucradas en estas emergencias destacan los
hidrocarburos líquidos (petróleo crudo, gasolina, diésel y combustóleo) y gaseosos
(gas LP y natural) con un porcentaje acumulado de 61.29; seguidas por el
amoniaco, la pólvora y el ácido sulfúrico, con porcentajes de 3.42, 1.92 y
1.66, respectivamente. Más de 440 sustancias suman el restante 31.71 % (Cuadro III).
CUADRO III SUSTANCIAS INVOLUCRADAS EN
EMERGENCIAS QUÍMICAS REGISTRADAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE (PROFEPA) ENTRE 2000 Y 2014 (OCTUBRE)  Fuente: CENAPRED (2014)  Regulación del
uso En la etapa del uso existen disposiciones
regulatorias y normativas, sin embargo ninguna de éstas evita o limita de
manera decisiva el uso de la mayoría de las sustancias químicas. Como ejemplo
están las llamadas sustancias restringidas de acuerdo al Catálogo de
Plaguicidas publicado en 1991 (CICOPLAFEST
1991). Son actualmente once plaguicidas, que solo pueden ser
utilizados por las dependencias del ejecutivo en campañas sanitarias (como el
DDT y el hexaclorobenceno) o bajo la supervisión de personal autorizado y
capacitado. Sin embargo, como no existe un mecanismo oficialmente reconocido
para capacitar, autorizar y supervisar a los aplicadores de plaguicidas, esta
restricción no funciona en la práctica (Albert 2002). Los productos de perfumería, belleza y aseo no
están sujetos a un registro, sin embargo, los fabricantes deben demostrar que
no causan daños a la salud, a través de pruebas de sensibilización e
irritación dérmica y ocular. Las evidencias científicas para efectos tóxicos
sistémicos, como los que desafortunadamente se han observado con algunas
cremas aclaradoras de la piel que contienen hidroquinona, mercurio y
corticosteroides (Altraide 2008),
no se solicitan. Los aditivos de alimentos no están sujetos a un registro,
pero deben cumplir con las disposiciones del Acuerdo por el que se determinan
los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios
(SSA 2016),
que establece las condiciones específicas y en algunos casos las dosis
máximas de uso. Algunos medicamentos, además del registro, están sujetos a una
regulación adicional de uso a través de la venta condicionada a la entrega de
la receta médica en farmacias y puntos de venta especializados. El uso de las sustancias químicas industriales no
se encuentra controlado, pero se monitorea a través de los reportes a la COA.
La COA incluye una sección para materias primas e insumos y otras secciones
que alimentan la base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes (RETC). Estos reportes permiten tener cierta idea de las
sustancias que se emplean y se liberan de los establecimientos industriales y
de servicios de competencia federal4.
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA) en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes (RETC) (DOF 2014b)
y la NOM-165-SEMARNAT-2013 establecen
la lista de sustancias sujetas a reporte (SEMARNAT 2014).
Las cantidades se reportan en unidades de masa por año y cada una de las
sustancias se identifica por su número CAS, sin embargo como estos números no
se verifican de manera formal, no es posible conocer las sustancias que están
realmente en uso. Otro instrumento regulatorio son las NOM en las
que se establecen límites máximos permisibles para la aplicación de ciertos
tipos de sustancias y controlar su liberación al ambiente. Por ejemplo, la
NOM-004-SSA1-2013 Salud ambiental: limitaciones y especificaciones sanitarias
para el uso de los compuestos de plomo (SSA 2014)
determina los productos en los cuales no puede emplearse el plomo. Estos son
plaguicidas, tuberías, pinturas, cerámica vidriada, artículos escolares y
cosméticos. La NOM-001-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y
bienes nacionales (SEMARNAT 2003).
Para cumplir con estas normas se deben tomar medidas que reduzcan el uso de
ciertas sustancias o aplicar alguna tecnología o tratamiento que disminuya su
liberación al ambiente. En el cuadro IV se
mencionan algunas de las sustancias para las cuales se han establecido
límites máximos permisibles en diferentes medios. CUADRO IV EJEMPLOS DE ALGUNAS SUSTANCIAS PARA
LAS CUALES SE HAN ESTABLECIDO LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN NORMAS OFICIALES
MEXICANAS  CUADRO IV ªBTX = benceno, tolueno y xileno Las normas hasta aquí mencionadas se han
establecido con fines de protección al ambiente y a la salud de la población
en general, pero también existen normas que establecen límites máximos en el
ambiente laboral para proteger a los trabajadores. La NOM-047-SSA1-2011 Salud
Ambiental: índices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente
expuesto a sustancias químicas (SSA 2012),
especifica los valores de referencia y las medidas de higiene industrial y de
protección del personal en ambientes laborales. Además la NOM-010-STPS-2014,
Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral: reconocimiento,
evaluación y control (STPS 2014)
establece las medidas para prevenir riesgos a la salud del personal ocupacionalmente
expuesto a agentes químicos tóxicos. Existen también normas de etiquetado de diversos
grupos de sustancias, como los plaguicidas, nutrientes vegetales y
medicamentos. Estas normas tienen como finalidad el orientar a los
consumidores sobre la manera apropiada de emplear los productos que contienen
sustancias químicas. En 2011 se publicó la norma NMX-R-019-SCFI-2011 sobre el
Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los
Productos Químicos (GHS, por sus siglas en inglés) (SE 2011).
Este es un esfuerzo global de armonización del sistema de etiquetado de
sustancias químicas, que incluye a los plaguicidas, al que México se
suscribió reconociendo la importancia de contar con un sistema claro de
clasificación y comunicación del peligro durante su uso y manejo. Regulación de
la disposición final Para la última etapa del ciclo de vida, la
disposición final, tampoco existen datos específicos sobre las sustancias
químicas en México. Esto se debe a que los sistemas estadísticos registran la
disposición final como residuos y no como sustancias, aun cuando son éstas
las que le dan el carácter de peligrosidad a muchos de los residuos
clasificados como tales. Existe gran cantidad de información en el país
tanto para los residuos peligrosos, como los de manejo especial y los sólidos
urbanos. Un buen compendio se puede encontrar en el Diagnóstico Básico para
la Gestión Integral de los Residuos (INECC 2012)
resultado del avance a nivel federal, estatal y municipal en materia de
residuos. Para los residuos se cuenta con la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (DOF 2015b)
pero un instrumento de este tipo no existe para la gestión de las sustancias.
Las leyes, normas y políticas públicas sobre residuos contemplan un enfoque
de manejo integral que considera la reducción de la generación, la separación
desde la fuente, la optimización de los procesos de acopio y reciclaje y la
reducción de la disposición final de los residuos. Este enfoque integral
apenas ha comenzado a gestarse para las sustancias químicas. El retraso en el avance del tema de sustancias,
comparando con el de residuos, puede explicarse por las siguientes razones: en términos de clasificación y manejo, es más
difícil establecer la identidad de las sustancias químicas que la de los
residuos la regulación de las sustancias químicas debe
abarcar todas las etapas del ciclo de vida, mientras que en el caso de los
residuos el énfasis principal se centra en las últimas etapas las implicaciones económicas, políticas y
sociales de cambiar el enfoque actual de “fin de tubo”5 por
una visión preventiva a lo largo del ciclo de vida son mayores en la gestión
de las sustancias químicas que en la de los residuos. Es conveniente mencionar aquí los avances para la
eliminación de los aceites de transformador contaminados con bifenilos
policlorados (BPC) como ejemplo exitoso de gestión de residuos que coincide
con la gestión de sustancias químicas en México. Estos aceites son
clasificados como residuos peligrosos debido a que contienen BPC y deben ser
destruidos o confinados adecuadamente. El gobierno mexicano a través de la
SEMARNAT y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con
financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas
en inglés) han logrado la destrucción de más de 950 toneladas de
transformadores, aceites y residuos peligrosos contaminados con BPC (PNUD 2015). Regulación de
la exportación Al igual que la importación, la exportación se
encuentra regulada en el Reglamento PLAFEST (DOF 2014a)
y el Acuerdo de sustancias de la CICOPLAFEST (SEMARNAT-SE-SAGARPA-SSA
2016). Para las sustancias del Convenio de Rotterdam, se debe
cumplir con los requisitos de etiquetado de dicho convenio y corresponde a la
SEMARNAT enviar la notificación de exportación para obtener el CFP del país
de destino. Las autorizaciones de exportación son otorgadas únicamente para
las sustancias mencionadas en el Acuerdo de sustancias de la CICOPLAFEST y
tienen una vigencia de un año. El mismo Reglamento PLAFEST establece que la
COFEPRIS es quien emite un certificado exclusivo para exportación que no
permite la comercialización ni el uso en México. Para obtener estos
certificados deben cubrirse los mismos requisitos que para las autorizaciones
de exportación (DOF 2014a).
Para explosivos y sustancias relacionadas, además de los permisos de
fabricación e importación, también se deben solicitar permisos nacionales
para exportación que deben ir acompañados de un permiso de importación del
país destinatario. El rechazo en las aduanas de otros países de
mercancías agrícolas mexicanas porque contienen niveles elevados de residuos
de plaguicidas ha provocado que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Salud (SSA)
desarrollen el PROY-NOM-000-SAG-FITO/SSA1-2013. Este proyecto de NOM regula
los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas químicos de uso agrícola
con fines de registro y uso. De acuerdo con esta norma, la autoridad podrá
considerar los límites establecidos en estudios realizados en territorio
nacional o los publicados por la FAO y la OMS en el Codex Alimentarius. Otras
fuentes aceptadas son la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés), la Agencia Reguladora del Manejo de
Plagas de Canadá (PMRA, por sus siglas en inglés), la OCDE, la ECHA o los
límites fijados por Brasil y Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la SAGARPA participa en una
estrategia a cinco años (2016 a 2021) en el Grupo de Trabajo Técnico sobre
Plaguicidas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA TWG,
por sus siglas en inglés). De esta manera México busca mantener un flujo
trilateral de información en estos temas con Canadá y Estados Unidos (SENASICA 2016). PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS PARA MEJORAR EL MANEJO
ADECUADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN MÉXICO En esta sección se enumeran propuestas de acción
específicas que, de ser implementadas en México, ayudarían a lograr avances
significativos en el manejo de las sustancias químicas en el país. Registro
nacional de sustancias químicas Las grandes emergencias químicas industriales que
han ocurrido en el mundo han tenido consecuencias catastróficas para la
población humana y los ecosistemas, pero también han impulsado instrumentos y
esfuerzos para mejorar la gestión de las sustancias químicas en todas las
regiones del planeta. Un ejemplo es la emergencia ambiental ocurrida en Japón
en 1968 tras la contaminación masiva de aceite de arroz con BPC que afectó
por varias décadas a más de mil personas y que derivó en un control
significativamente más estricto de las sustancias químicas en ese país. Los
convenios internacionales mencionados buscan también una acción global
decisiva para lograr el control de grupos de sustancias de peligrosidad
conocida. No obstante, existe todo un universo de sustancias que aún no se ha
regulado y cuyo control depende de su situación e implicaciones locales (PNUMA 2012). Muchos países, en especial los de mayor
desarrollo, han reconocido la utilidad y han creado sistemas de gestión de
los riesgos derivados de la producción y del uso de las sustancias químicas
basados en el registro o notificación obligatorios. Este registro ha sido la
base para la construcción de inventarios nacionales de sustancias químicas y
la creación de listas específicas de sustancias prioritarias o de alta
preocupación sujetas a prohibición o a alguna restricción (INECC 2014a). En el año 2007, el Instituto Nacional de Ecología
(INE), hoy INECC, inició una serie de acciones para generar el primer
Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ) base 2009 publicado en
2012. Si bien esta publicación fue un logro importante para enlistar las
sustancias que se encuentran en el comercio en México, también se identificó
la necesidad de contar con un Registro Nacional de Sustancias Químicas (RNSQ)
que sirva de base para alimentar de manera permanente el INSQ (INECC 2014a). El INECC concretó adicionalmente las siguientes
acciones: la firma de un convenio entre el INECC y el CAS
para garantizar la calidad técnica de la información contenida en el INSQ
actual y en las versiones futuras, evitar controversias sobre derechos de
autor de los datos en el INSQ y difundir el inventario en las publicaciones y
página electrónica del CAS (INECC 2015a) el estudio Elementos para la creación del
Registro Nacional de Sustancias Químicas en 2015, colaboración del INECC con
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (INECC 2015b) la firma de un convenio de colaboración entre el
INECC y la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) para realizar
un ejercicio piloto en el que participan sus empresas afiliadas para
instrumentar el RNSQ (INECC 2014b). El RNSQ es un instrumento crucial para avanzar
hacia un manejo más adecuado de las sustancias químicas en México; sin
embargo, su puesta en operación aún requiere las siguientes acciones (INECC 2014b): modificar el marco legal para crear facultades de
operación del INSQ dentro de la LGEEPA y asignárselas a alguna dependencia
del sector ambiental así como generar el reglamento y las NOM
correspondientes desarrollar una plataforma electrónica que
permita concentrar la información de la identidad química y el comercio de
sustancias en el país, y armonizar su contenido con otras plataformas ya
existentes (por ejemplo plaguicidas, medicamentos, aditivos alimenticios,
cosméticos, etc.). Sistema
globalmente armonizado Una comunicación simple y clara sobre los
peligros y la forma adecuada en que deben ser manipulados los productos
químicos es un requisito para prevenir la exposición y sus posibles
consecuencias nocivas. Además, en la legislación actual de muchos países se
ha establecido el derecho a la información como uno de los derechos humanos
fundamentales, incluida la información sobre las sustancias químicas como
posibles agentes causales de daños en la salud y el ambiente. En este contexto se enmarca el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de los Productos
Químicos, conocido como SGA (o GHS, por sus siglas en inglés). El antecedente
de esta iniciativa fue el capítulo 19 de la Agenda 21, donde se incluyó el
mandato: “Para el año 2000 debería disponerse, de un sistema de clasificación
y comunicación de peligros armonizado mundialmente, que contenga hojas de
datos sobre la seguridad de distintos productos químicos y símbolos de fácil
comprensión” (UN 2011, UNECE 2015). En octubre de 1999, el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas decide la creación de un Subcomité de Expertos en el
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos. Este subcomité recibe la encomienda de impulsar el SGA, de promover
su implementación y de brindar asesoría técnica. Bajo su asistencia, el SGA
ha sido revisado varias veces para reflejar las experiencias nacionales,
regionales e internacionales, introducirlo en la legislación de los países e
instrumentar los nuevos requisitos de clasificación y etiquetado (UNECE 2015).
El documento conocido como Libro Púrpura, que contiene las bases iniciales
para la implementación global del SGA, fue adoptado en su primera edición en
diciembre de 2002 y publicado en 2003. Desde entonces ha sido revisado y
actualizado cada dos años. La sexta edición fue dada a conocer en 2015 (UNECE 2015). En México los primeros pasos para adoptar el SGA
comenzaron en 2007, cuando la SEMARNAT inició un proyecto de NOM de
clasificación y etiquetado de materiales peligrosos. Bajo la coordinación de
la Secretaría de Economía, este proyecto se transformó en la norma mexicana
NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de
Peligros de los Productos Químicos (SE 2011)
quedando excluidos los medicamentos, aditivos de alimentos, cosméticos,
plaguicidas y residuos. La idea de expedir esta norma como voluntaria fue dar
a cada dependencia una base uniforme para emitir o actualizar todas las NOM y
normas mexicanas relacionadas con los productos químicos (SE 2010). La STPS autorizó a la ANIQ el uso de la
NMX-R-019-SCFI-2011 como método alterno al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo (ChemicalWatch
2011). Tres años después, fue publicada la actualización de la
NOM-018-STPS-2015 (STPS 2015),
que es parcialmente equivalente a la Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011 y a
la quinta edición del SGA. En el primer transitorio de esta norma se indica
que entrará en vigor tres años después de su publicación, plazo que se
cumplirá en octubre de 2018. Durante esos tres años las empresas deberán
tomar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento cabal de esta
norma. La adopción del SGA es ya una necesidad ineludible para las empresas
mexicanas si quieren mantener su posición en los mercados internacionales,
debido a que los principales socios comerciales de México en el sector
químico, como la Unión Europea y los EUA, han establecido el cumplimiento de
este sistema como una obligación (SEMARNAT 2015b). Por ahora han quedado fuera de la implementación
nacional del SGA los residuos, tal como se establece en la NMX-R-019-SCFI-2011.
Sin embargo, para el futuro convendrá analizar si es apropiado incluirlos,
tomando en cuenta que el SGA sí permite su clasificación y que puede resultar
favorable contar con un solo sistema para establecer la peligrosidad tanto de
las sustancias químicas como de los residuos. Para ello, habrá que sustituir
el sistema CRETIB6 actual
y hacer todos los cambios a la legislación que sean pertinentes. Compromisos
internacionales La comunidad mundial se ha involucrado en la
cooperación política, técnica y científica sobre sustancias peligrosas desde
la segunda mitad del siglo XX, a través de compromisos multilaterales en la
forma de acuerdos, convenios y estrategias de colaboración y asistencia
internacional. Dar seguimiento y cumplir estos compromisos internacionales
hace avanzar las agendas nacionales, de ahí el interés de que los países
firmen y ratifiquen este tipo de instrumentos. Los compromisos establecidos
para cumplir con los convenios de Estocolmo, de Rotterdam, de Montreal, de
Minamata y del SAICM permiten el intercambio de información, la cooperación
técnica y el desarrollo de planes de implementación. Estos planes prevén
acciones específicas para el manejo, la investigación, el monitoreo, la
capacitación y la instrumentación de un marco legal para la gestión adecuada
de las sustancias químicas (SEMARNAT 2007). México es parte de los principales convenios
internacionales sobre sustancias químicas, lo que significa que el Congreso
Mexicano ha ratificado la decisión de ser parte de estos instrumentos
jurídicos internacionales. Si un foro o convenio internacional es
jurídicamente vinculante, implica que los compromisos establecidos en el
instrumento se vuelven ley nacional y deben ser cumplidos por el país
signatario. En el cuadro V se
muestran los convenios internacionales que son jurídicamente vinculantes para
México y, por otro lado, los instrumentos en los que el país es partícipe
pero que no tienen un carácter vinculante. CUADRO V CONVENIOS INTERNACIONALES
JURÍDICAMENTE VINCULANTES Y NO VINCULANTES PARA MÉXICO  Fuente: Modificado del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo (PNI) México (SEMARNAT 2007) México ha realizado acciones de manejo adecuado
de sustancias químicas en seguimiento a los compromisos adquiridos en los
convenios internacionales. Por ejemplo, están el diagnóstico y el plan para
destrucción de los BPC (SEMARNAT 2007)
y la publicación del inventario de liberaciones de mercurio (INE 2008).
También se puede resaltar la experiencia adquirida en la nominación del
lindano y de los isómeros alfa y beta del hexaclorociclohexano propuesta por
México al Comité de Revisión de Compuestos Orgánicos Persistentes y su
posterior inclusión en el anexo A del Convenio de Estocolmo (Ramos et al.
2011). La cooperación internacional permite la
capacitación técnica con la consiguiente transferencia de conocimiento entre
países signatarios disminuyendo así la brecha entre países desarrollados y
países en desarrollo y con economías en transición (UNEP 2007, Selin 2009).
La principal desventaja de estos instrumentos es que en ocasiones las
iniciativas internacionales no corresponden a las necesidades o prioridades
nacionales y éstas terminan por dejarse de lado para poder cumplir con los
compromisos internacionales jurídicamente vinculantes. Esto ocurre, por
ejemplo, con algunos plaguicidas que no han sido incluidos en convenios
internacionales debido a que ya han sido prohibidos en la mayoría de los
países signatarios, pero continúan siendo muy utilizados en países como
México (ver los plaguicidas mencionados en el cuadro II).
La FAO y la OMS han reconocido este problema común en los países en
desarrollo y han propuesto iniciativas y publicado la lista de Plaguicidas
Altamente Peligrosos (HHP, por sus siglas en inglés) con criterios muy claros
sobre sus características (WHO/FAO 2014).
También, ambas organizaciones han establecido mecanismos para desarrollar
actividades que, aunque no sean jurídicamente vinculantes, busquen reducir
los riesgos de estos plaguicidas en países en desarrollo. Es importante que México siga firmando, ratificando
y cumpliendo con los compromisos internacionales, ya que esto mantiene el
tema de las sustancias químicas en la agenda nacional e internacional y
permite acceder a fondos y proyectos de capacitación. También es importante
que México logre una mayor continuidad, mayor agilidad y mejor coordinación
entre las dependencias gubernamentales encargadas de dar cumplimiento a estos
compromisos. Evaluaciones
de riesgo ambiental, evaluaciones de exposición y evaluaciones
costo-beneficio El manejo adecuado de las sustancias químicas
debe incluir instrumentos de evaluación de la exposición, de los riesgos, de
los impactos ecológicos y de los costos. La evaluación de la exposición debe
realizarse en casos de accidentes, de derrames, en situaciones de riesgo
industrial y ocupacional, así como en condiciones vulnerables de exposición
en comunidades con actividades altamente riesgosas. Las evaluaciones de
riesgo buscan estimar de manera confiable los riesgos reales y esperados por
exposición a una determinada sustancia. Con el objetivo de buscar la
protección y recuperación de los ecosistemas, es necesario contar también con
evaluaciones de riesgo ecológico, que consideren el uso de indicadores
biológicos. Finalmente, es útil también realizar evaluaciones costo beneficio
como apoyo para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. El
objetivo es evaluar e incluir los costos de la “inacción”, de la remediación,
del manejo de los residuos peligrosos y de los impactos en la salud pública y
compararlos con los costos de un “manejo adecuado” (Ize et al.
2010). La evaluación de un riesgo consiste en la
obtención de análisis científicos, que pueden ser cuantitativos o
cualitativos, sobre la probabilidad del daño asociado con la exposición a una
sustancia química. También se busca identificar, compilar e integrar la
información generada por fuentes confiables sobre los posibles daños y la
relación exposición/dosis/efectos adversos. Algunas organizaciones
internacionales han preparado compilaciones de información relevante y
confiable que permiten un acceso rápido a información sobre peligros
químicos, exposiciones y riesgos (WHO 2010). Idealmente, una evaluación de riesgo debiera
realizarse tomando en cuenta las condiciones específicas de uso de las
sustancias químicas en cada país, en particular para los plaguicidas, y
determinar así si se reúnen las condiciones suficientes de protección. Como
se mencionó anteriormente, en México el registro de los plaguicidas consiste
únicamente en la entrega de un expediente completo y no se efectúa ninguna
evaluación adicional, a diferencia de lo que ocurre en países con un manejo
mucho más adecuado de las sustancias químicas. La iniciativa sobre
plaguicidas altamente peligrosos contempla la prohibición de plaguicidas
altamente peligrosos si, en función de la evaluación de los riesgos no se
puede garantizar el manejo del producto sin riesgos inaceptables para el ser
humano y el ambiente (SAICM 2016a).
Resulta entonces imperativo realizar evaluaciones de riesgo adaptadas a las
condiciones de uso en cada país. En los países en desarrollo, la capacidad de las
autoridades encargadas del registro de los plaguicidas suele ser muy reducida
para realizar evaluaciones de riesgo como parte del proceso de registro. Un
estudio de la FAO reveló que de 109 países en desarrollo, el 97 % contaba con
menos de seis personas a nivel nacional dedicadas al registro y la regulación
de plaguicidas, y en el 77 % de ellos no había más de dos técnicos ocupados
en las labores de registro. Además, casi ningún país en desarrollo y sólo
unos pocos países con economías en transición, cuentan con laboratorios
capaces de analizar formulaciones de plaguicidas e impurezas de fabricación
para determinar la calidad de los plaguicidas en uso (SAICM 2016b).
A la falta de recursos económicos y humanos hay que agregar la deficiencia en
metodologías estandarizadas de análisis de calidad y de equipos de trabajo
multidisciplinarios que realicen este tipo de evaluaciones (UNEP 2013). Se han utilizado diferentes metodologías para
estimar los costos del mal manejo de las sustancias químicas en el ambiente,
la salud y el desarrollo de un país. Por ejemplo, los efectos se monetizan en
gastos médicos, días de trabajo perdidos o costos de una remediación. Sin
embargo los resultados de estas metodologías son difíciles de comparar entre
países desarrollados y países en vías de desarrollo. Además la contaminación
por sustancias químicas puede afectar elementos muy difíciles de cuantificar
en términos monetarios, como por ejemplo los servicios ecosistémicos que
provee el ambiente (Ize et al.
2010). México debería implementar algunas acciones
enfocadas a la evaluación de riesgos y de exposición como: programas de monitoreo y biomonitoreo ágiles,
bien articulados y con control de calidad analítica aprovechando la conexión
con compromisos internacionales como el Programa Global de Monitoreo del
Convenio de Estocolmo (Stockholm
Convention 2016) capacitación a tomadores de decisiones para que
puedan tomar decisiones con base en resultados oportunos y la mejor
información científica disponible evaluaciones por etapas (“tiered approach” en
inglés) para una mejor integración de los estudios de exposición y los
recursos disponibles. Estudios de
línea base y de estado base Estudios de
línea base En el contexto internacional y nacional, una de
las prácticas rutinarias para evaluar proyectos como la perforación de un
pozo petrolero o la construcción de una planta industrial, es realizar estudios
de línea base (ELB). Estos estudios son investigaciones aplicadas que se
desarrollan con la finalidad de (Mújica et al.
2008, Medianero 2011): describir la situación inicial de todos los
elementos que integran el ambiente, incluyendo a la población, que pueden ser
afectados por las actividades realizadas durante todas las etapas de un
proyecto comparar la información inicial obtenida con
mediciones posteriores para evaluar objetivamente la magnitud de los cambios
producidos con la puesta en marcha del proyecto. Los ELB sirven para obtener los referentes
básicos con los que se puedan evaluar las consecuencias de los proyectos y
mejorar la toma de decisiones y de gestión ambiental y social (Medianero,
2011). Para realizar los ELB es indispensable la participación de
un grupo multidisciplinario de especialistas en diversas ramas de la ciencia
como la geología, la biología, la hidrología, la sociología, la economía,
entre otras (Mújica et al.
2008). Una línea base se construye considerando
variables e indicadores directamente relacionados con los elementos del
ambiente y su funcionamiento, que pueden ser alterados durante el desarrollo
de un proyecto. Estos representan la primera evaluación o el punto de
partida. Para cierto tipo de proyectos, la contraparte de la línea base es la
línea de salida que muestra los valores de los mismos indicadores una vez que
concluye el proyecto. La comparación de la línea base con la línea de salida
es el soporte para cuantificar el impacto real del proyecto (SEMARNAT 2010a, Medianero 2011).
La utilidad de los ELB depende de la correcta definición de su objetivo y
alcance (Mújica et al.
2008). Además, en muchas ocasiones es necesario considerar el
impacto previo causado por actividades anteriores e independientes al propio
proyecto. En estos casos se debe realizar una descripción de daño ambiental
acumulado (ASEA 2015). En México, la regulación actual no incluye
requerimientos específicos para los ELB, sin embargo, éstos son considerados
parte esencial e integral de la evaluación del impacto ambiental (EIA) y de
sus manifestaciones de impacto ambiental (MIA). Conceptualmente se considera
que el impacto ambiental lo origina una obra o una actividad humana en tres
etapas consecutivas (SEMARNAT 2010a): la primera es la alteración de alguno de los
componentes del sistema ambiental la segunda es el cambio de ese valor y la tercera es el significado ambiental
resultado de esa alteración. En México los ELB dentro de las MIA se han
aplicado en diferentes giros de actividad incluyendo proyectos mineros y
petroleros que son generadores potenciales de un amplio rango de impactos al
medio físico y biótico pero también al sociocultural y económico. Tras la
reciente reforma energética promulgada en el país, se establece que la
industria petrolera tiene la obligación de realizar ELB. Para ello, la
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), creada a partir de la
reforma energética, ha elaborado la Guía para definir la línea base ambiental
previo al inicio de las actividades petroleras (ASEA 2015).
Esta guía enumera una serie de componentes y factores ambientales que pueden
considerarse en los ELB que se muestran en el cuadro VI. CUADRO VI COMPONENTES, FACTORES Y DAÑOS
AMBIENTALES QUE PUEDEN CONSIDERARSE COMO PARTE DE LOS ESTUDIOS DE LÍNEA BASE  Estudios de
estado base La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
(LFRA) (DOF 2013)
establece la obligación de realizar estudios para determinar las condiciones
ambientales asociadas a actividades antrópicas que generen daños al ambiente.
La LFRA es un ordenamiento jurídico de orden público e interés social que
tiene por objeto proteger, preservar y restaurar el ambiente y el equilibrio
ecológico para garantizar los derechos humanos a un ambiente sano y
determinar la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.
A diferencia de los ELB, los estudios de estado base (EEB) implican la
evaluación de las condiciones previas a un daño pero no anteriores a la puesta
en marcha de un proyecto. Por lo tanto, los ELB y EEB no implican la misma
temporalidad. Si para un proyecto se lleva a cabo un ELB, éste no sería útil
como evidencia para la aplicación de la LFRA, salvo que el daño ambiental se
produjera inmediatamente después de la puesta en marcha del proyecto. En el contexto del manejo de las sustancias
químicas, la finalidad de contar con ELB y EEB es conocer las concentraciones
basales de aquellas sustancias peligrosas que pudieran ser liberadas por las
actividades antrópicas ocasionando algún daño. Esta información es clave para
establecer la eficacia de las medidas de reducción y control de emisiones,
descargas y disposiciones que los responsables de los proyectos señalen
dentro de las MIA. También es esencial para establecer la responsabilidad del
daño y la magnitud de los costos de reparación o compensación. Prevención y
control eficaz de las emergencias químicas Una de las lecciones que han dejado las grandes
emergencias químicas es que la prevención de los riesgos es definitivamente
la mejor opción en el manejo de las sustancias químicas para evitar pérdidas
y enfermedades humanas, daños al ambiente y elevados costos económicos. Para
lograr esa prevención es indispensable conocer la naturaleza de las sustancias
para clasificarlas en diferentes categorías de peligrosidad y definir las
medidas de prevención a aplicar. México, como otros países, ha desarrollado
un marco legal de prevención y control de las emergencias químicas. La prevención de emergencias químicas se enmarca,
entre otros, en las atribuciones de la SEMARNAT a través de la LGEEPA (DOF 2015c).
La SEMARNAT establece la clasificación de las actividades altamente riesgosas
en virtud de las características peligrosas de los materiales que se manejen
en los establecimientos industriales, comerciales y de servicios,
considerando los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento. Para
establecer esta clasificación la SEMARNAT publicó el Primer y Segundo
Listados de Actividades Altamente Riesgosas (SEGOB 1990, SEGOB 1992). De acuerdo con la misma LGEEPA, quienes realicen
actividades altamente riesgosas están obligados a formular y presentar a la
SEMARNAT un estudio de riesgo ambiental (ERA) así como los programas para la
prevención de accidentes (PPA). El objetivo de los ERA es identificar los
posibles accidentes, así como estimar la probabilidad de que estos ocurran y
sus consecuencias. Se consideran accidentes de alto riesgo ambiental a toda
explosión, incendio, fuga o derrame súbito en los que intervengan una o más
sustancias peligrosas y que representen un peligro grave de manifestación
inmediata o retardada, reversible o irreversible para la población, los
bienes y el ambiente (SEMARNAT 2016). En el PPA se describen, con base en los
escenarios modelados en el ERA, las medidas preventivas y las acciones a desarrollar
para atender estos accidentes (SEMARNAT 2010b).
En el periodo comprendido entre 1989 y 2010, se registraron 6165 PPA en los
estados de México (558), Jalisco (425), Veracruz (387), Sonora (340), Sinaloa
(373), Nuevo León (333) y Tamaulipas (311) (cuadro VII)
(SEMARNAT 2011). CUADRO VII PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES (PPA) REGISTRADOS POR ESTADO  Fuente: SEMARNAT (2011) Los llamados comités locales de ayuda mutua
(CLAM) formados por empresas y autoridades que conjuntan sus recursos,
experiencia y esfuerzos para mejorar la prevención, el control y la atención
de emergencias químicas, han resultado un esquema adecuado de organización. Sin
embargo, debido a que son de carácter voluntario, las empresas involucradas
deben estar convencidas sobre las ventajas de la colaboración mutua (SEMARNAT 2010c). Desde 2012 la PROFEPA celebra cada año el Día
Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas (DINAPREQ)
evento en el que participan activamente los sectores público, privado y
social del país, así como la USEPA en la frontera norte. Se han realizado
cerca de 1500 simulacros y 285 eventos de capacitación, con una participación
aproximada de 150 000 personas, además de 20 simulacros y 19 seminarios
binacionales EUA-México (PROFEPA 2016). Aún existen áreas importantes que atender en
México como: además de los criterios CRETIB de peligrosidad de
las sustancias químicas hasta ahora considerados en la regulación de las
emergencias, adicionar la persistencia y la bioacumulación, ya que en estos
accidentes pueden liberarse sustancias con estas propiedades no sólo considerar las consecuencias inmediatas y
agudas de las sustancias involucradas en un accidente, sino también los
efectos a largo plazo, en particular el daño reproductivo o con repercusiones
genéticas en poblaciones mejorar los esquemas de información,
concientización y participación de la ciudadanía para que esta tenga
conocimiento de las medidas personales y colectivas que deben tomarse ante
una emergencia lograr establecer el SGA como una obligación en
México, para que todos los productos químicos cuenten con una identificación
clara de peligrosidad y esta pueda usarse como base para la clasificación de
las actividades altamente riesgosas. Alternativas
químicas menos tóxicas y alternativas no químicas El uso extendido de las sustancias químicas en la
vida diaria actual, así como la preocupación constante por su toxicidad, han
llevado a la misma industria química y a la sociedad en general a buscar
alternativas químicas menos tóxicas. En el caso de algunos grupos de
sustancias, como los plaguicidas, esta búsqueda se extiende también a
alternativas no químicas de probada efectividad. El objetivo es impulsar la
investigación de punta y el intercambio de información entre actores de la
sociedad para eliminar paulatinamente el uso de sustancias de alta
peligrosidad y toxicidad (UNEP 2007). La industria química que participa en la
producción segura y el manejo adecuado de las sustancias a lo largo de su
ciclo de vida ha demostrado que esto no perjudica su marca ni sus ganancias.
De hecho es al contrario, las compañías que han avanzado hacia compartir
información, reforzar la regulación y eliminar el uso de sustancias de alta
peligrosidad están a la vanguardia, son más competitivas y están tomando
acciones para un mundo químicamente más seguro (SAICM 2015). Las sustancias químicas altamente peligrosas
pueden ocasionar efectos graves en el ser humano como cáncer, defectos de
nacimiento, daño genético, abortos, daños neurológicos y muerte. Son estas
sustancias las que se busca eliminar o reducir en los procesos industriales a
través de programas de química verde. Esta consiste en el diseño de
sustancias y procesos químicos que reducen o eliminan el uso o generación de
sustancias peligrosas (Yarto et al.
2004). Entre más peligroso sea un residuo, es más caro tratarlo y
disponer de él de manera adecuada, por ello la química verde busca evitar en
la medida de lo posible la generación de residuos peligrosos para eliminar
los gastos derivados de su disposición. También se busca reducir el consumo
de energía, así como anular el uso de disolventes. Cuando esto último no es
posible, se deben utilizar los productos lo más inocuos posible. Finalmente,
se busca reducir el uso de sustancias que pueden causar accidentes químicos,
como las inflamables y explosivas (Sierra et al.
2014). En agricultura, el manejo integrado de plagas
(MIP) permite el control eficaz de plagas con base en prácticas culturales y
la resistencia natural de algunas plantas, disminuyendo así la dependencia y
el uso indiscriminado de insecticidas. En una estrategia de MIP se toma en
cuenta que una plaga forma parte y ocurre dentro de un sistema ecológico; por
lo tanto la solución de control debe tener ciertas características de
efectividad, factibilidad e impacto ambiental reducido. El control biológico
de plagas con organismos patógenos, parasitoides y enemigos naturales de las
plagas permite la disminución en el uso de sustancias químicas tóxicas (SAGARPA 2015). La agricultura orgánica es una alternativa para
la producción de alimentos en la que se buscan aplicar prácticas de gestión
agrícola eliminando totalmente la utilización de fertilizantes y plaguicidas
sintéticos. A través del Programa de Agricultura Orgánica, la FAO busca
potenciar la producción, la elaboración, la certificación y la
comercialización de productos orgánicos para proteger la integridad del medio
ambiente (FAO 2015).
Los productos orgánicos han ido en aumento en el mercado mundial, lo que ha
estimulado la reconversión de la agricultura convencional a la agricultura
orgánica. México es, en el contexto mundial, un país productor y exportador
de productos orgánicos siendo el primer productor de café orgánico (Gómez y Gómez
2004). La expansión de la agricultura orgánica y la demanda de
productos orgánicos estimulan la eliminación del uso de agroquímicos tóxicos
y la búsqueda de alternativas no químicas efectivas. En México se han desarrollado diagnósticos de
algunos plaguicidas de especial interés a nivel internacional, como son el
lindano y el endosulfán (INE 2004, INE 2011).
En estos diagnósticos se incluyó información sobre alternativas costo
efectivas menos tóxicas o alternativas no químicas. Sería muy importante
concluir con la prohibición total del uso de los plaguicidas altamente
peligrosos y reemplazarlos por las alternativas menos tóxicas o no químicas
ya identificadas. La identificación de alternativas menos tóxicas y no
químicas viables puede lograrse usando el conocimiento internacional y de
grupos de trabajo que incluyan a todos los interesados: industria química,
gobierno, usuarios, academia y organizaciones de la sociedad civil (INE 2004, INE 2011). Un ejemplo de soluciones integrales de control,
pero también de las dificultades, se ilustra con el caso del insecticida DDT.
Se desarrolló en México una estrategia de manejo integrado y participativo
exitosa para disminuir la dependencia hacia este plaguicida de probada
peligrosidad (Chanon et al.
2003). Sin embargo, México siguió dependiendo por un tiempo del
DDT para campañas de salud y combate a enfermedades transmitidas por vectores
(malaria, dengue, chikungunya, zika) y solicitó exenciones ante el
Secretariado del Convenio de Estocolmo para uso exclusivo del gobierno (Van Den Berg
2009). Estas exenciones se basaban en la falta de alternativas
costo efectivas para campañas de control en zonas endémicas, explicando que
el uso del DDT seguía siendo necesario hasta que alternativas de bajo costo y
probada efectividad estuvieran disponibles. De acuerdo con declaraciones
recientes de la COFEPRIS, actualmente el DDT ya no se usa para campañas de
fumigación en México. Otra situación que ejemplifica el nivel de
complejidad en este tema es que grandes programas de manejo como la Ley para
el Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés) de los
Estados Unidos ha producido un mercado que favorece las sustancias químicas
en uso. Al requerir menor cantidad de información para las sustancias
existentes que para las nuevas, esta ley ha ocasionado poca motivación para
que la industria invierta recursos en la química verde o en la síntesis de
productos más novedosos y potencialmente menos peligrosos que los que se
encuentran en el mercado (Wilson y
Schwarzman 2009). Sin embargo, es indudable que la tendencia debe
ser a encontrar alternativas más seguras con la internalización de los costos
ambientales, sociales y de salud (PNUMA 2012). CONCLUSIONES Como se expone en este documento, el manejo
adecuado de las sustancias químicas es un tema muy complejo. México, con el
nivel de desarrollo económico que ha alcanzado, debe establecer de manera
prioritaria los instrumentos básicos de gestión de las sustancias químicas
aquí mencionados, en beneficio de la salud de su población, de la integridad
de sus ecosistemas, de la protección de sus trabajadores en ambientes
laborales y, en suma, en beneficio de la industria misma y de un desarrollo
económico sustentable del país a largo plazo. Los tomadores de decisiones
deben impulsar las medidas y adecuaciones regulatorias requeridas para fortalecer
así las bases de un manejo adecuado de las sustancias químicas. A manera de
recapitulación, se resumen en el Cuadro VIII dichos
instrumentos, así como las razones fundamentales para su implementación. CUADRO VIII INSTRUMENTOS RECOMENDADOS PARA LA
GESTIÓN ADECUADA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN MÉXICO Y LAS RAZONES DE SU
IMPLEMENTACIÓN  El tema del manejo adecuado de las sustancias
químicas debe alcanzar un lugar preponderante en la agenda pública en México,
con la concurrencia de competencias, la sensibilización y la capacitación de
las autoridades ambientales, de salud, trabajo, transporte, industria y
economía. La sociedad en general y el gobierno deben reconocer que los costos
ambientales, en salud y económicos de la “no acción” o del manejo inadecuado
son sumamente elevados para un país en desarrollo que busca estar a la
vanguardia en la agenda ambiental global. Agradecimientos Agradecemos a la M. en C. Frineé Kathia Cano
Robles, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a la Dra.
Cristina Cortinas de Nava, de la Red Queretana de Manejo de Residuos, por la
cuidadosa revisión y valiosos comentarios al presente documento. Referencias Albert L.A. (2002). Niños
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la protección al ambiente, de la ley general de vida silvestre, de la ley
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M.A. (2004). La química verde en México. Gaceta Ecológica 72, 35-44. Notas 1 Tal como lo define el
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes, la Cédula de Operación Anual (COA) es el instrumento de
reporte y recopilación de información de emisiones y transferencia de
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos,
empleado para la actualización de la base de datos nacional del Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). 2 De acuerdo con el Reglamento
en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y
Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias
y Materiales Tóxicos o Peligrosos (conocido como reglamento PLAFEST), tanto
la COFEPRIS como la SEMARNAT reciben, de manera independiente, la solicitud
de permiso de importación, revisan la información presentada por el
interesado y emiten una resolución. Para que el interesado presente la
solicitud a SEMARNAT, debe haber obtenido previamente la autorización de la
COFFEPRIS. En el caso de las sustancias sujetas al Convenio de Viena y al
Protocolo de Montreal, corresponde a la SEMARNAT asignar las cuotas de
importación. 3 De acuerdo con la Ley General
de Salud, el término “proceso” abarca los pasos de obtención, elaboración,
fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento,
envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o
suministro de los productos de artículo 194, que incluyen cosméticos,
productos de aseo e higiénicos, aditivos, plaguicidas, nutrientes vegetales,
medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos y sustancias tóxicas o
peligrosas. 4 De acuerdo con el artículo
111bis de la LGEEPA se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las
industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas,
automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de
energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de
residuos peligrosos. 5 Enfoque de “fin de tubo” se
refiere a atender los problemas de contaminación al final de un proceso en
vez de implementar cambios o controles a lo largo de ese proceso para
disminuir la cantidad final de contaminantes formados. 6 De acuerdo con las definiciones
de la NOM-052-SEMARNAT-2005 (inciso 5.2) el acrónimo CRETIB hace referencia a
la clasificación de las características a identificar en los residuos
peligrosos y que significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental,
inflamable y biológico-infeccioso. |
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